El Valor de la Información en Nuestros Días

Hace bastante tiempo pude leer en un Periódico de tirada nacional el siguiente titular: “Acceder  a los datos Públicos. Laberinto en vías de solución” [1] el cual destaca la falta de legislación en cuanto al acceso a la información publica y las oportunidades empresariales que han surgido por parte de jóvenes emprendedores a la hora de reutilizar esta información pública que es de difícil acceso para el resto de ciudadanos e instituciones.

El artículo decía que junto con España hay otros dos países que no tienen una Ley en este ámbito y que son Chipre y Luxemburgo. Pero a la vez resalta que se están produciendo avances en esta materia, como son los casos de las Comunidades de Asturias y el País Vasco que han abierto sus documentos públicos a la sociedad.

El derecho de acceso a la información, es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, por muchas constituciones, y por más de 80 leyes nacionales alrededor del mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.

El derecho de acceso a la información es el derecho de toda persona de solicitar y recibir información de entidades públicas sin riesgo a agravar su situación. El derecho obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.

España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información, es decir, de casi todos.

De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (y no 3 como dice el artículo mencionado) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo, y Malta. Asimismo de los 47 países miembros del Consejo de Europa España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino).

En España la situación de falta de legislación en la materia queda débilmente solventada por la Constitución en su artículo 20.d sobre el derecho de comunicar y recibir información libremente y por el artículo 105.b del derecho de los ciudadanos al acceso a registros y archivos[2]

El anterior gobierno llevaba procurando llevar a cabo la aprobación de esta Ley de Acceso a la Información desde que comenzó su andadura en el año 2004 cuando lo incluyó en su programa electoral y después en su inicio de su segunda legislatura en el año 2008[3]. Pero se ha ido prorrogando hasta la actualidad ya sea por falta de iniciativa política o por la complejidad que esta Ley puede tener, ya que no simplemente se deben abrir los documentos públicos a la sociedad sino que se debe tener en cuenta la Ley de Protección de Datos que  implica salvaguardar la intimidad de los ciudadanos a la hora de sacar a la luz determinados documentos.

En un artículo del periódico El Mundo[4]  destaca esta situación así como la posibilidad que esta Ley sirva para desenmascarar los posibles casos de corrupción que afectan a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos en todo el territorio nacional.

Este sería uno de los aspectos mas importante, en mi opinión, sobre la redacción del proyecto de Ley que se esta llevando a cabo, ya que proporcionaría información sobre los posibles casos de corrupción de los administradores públicos, como el mal uso de los recursos que estos dispongan a la hora de desempeñar su cargo, así como evitar posibles casos de nepotismo.

Existen diferentes organizaciones que promueven el libre acceso a la información y entre ellas destaca la Coalición Pro Acceso[5], que agrupa a diferentes organizaciones y ha desarrollado los principios mínimos que debe cumplir la futura Ley de Acceso a la Información en España y que son:

1. El derecho a la información es un derecho de toda persona.

2. El derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas.

3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.

4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.

6. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.

7. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud.

9. El derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.

Entre los puntos anteriormente mencionados destacan el incumplimiento de algunos de ellos en contraposición a los detalles aportados por la Convención sobre el acceso de documentos públicos del Consejo de Europa[6]. Los puntos serian el dos ya que el derecho de acceso debe aplicarse a todas las instituciones públicas y en el anteproyecto de Ley no se aplica a los poderes legislativo y judicial. También el punto 3 estaría evitando las recomendaciones del Consejo de Europa puesto que este dice que las solicitudes de información deben ser gratuitas y hacerse lo mas rápido posible, y aquí esta la valoración de este punto pues en el anteproyecto de Ley se estima en 30 días para solventar la solicitud mientras que el promedio europeo esta en 15 días.

Se puede decir que el acceso a la información pública tiene como fin alcanzar la transparencia y la publicidad de los actos de la Administración cuyo fin es la participación de los ciudadanos, aunque el logro de una mayor transparencia y la participación ciudadana requiere la construcción, promoción y fomento del derecho de acceso a la información, Fernández Ramos señala que “para que un sistema de acceso a los documentos administrativos sea efectivo son indispensable ciertas condiciones: en primer lugar, una regulación clara que defina los confines entre la publicidad y el secreto y disciplina adecuada al procedimiento de acceso- pues debe ser comprensible por el ciudadano medio al que está destinada, y en la ambigüedad es mas fácil para la Administración eludir la publicidad de sus actos – ; en segundo lugar, es preciso adecuar las estructuras administrativas a las exigencias prácticas derivadas del reconocimiento de este derecho, y por último, es preciso sensibilizar al personal de servicio de la Administración para la aplicación de un derecho que representa una innovación radical en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos”.[7] La puesta en marcha de estas condiciones es una pauta indispensable de la consolidación de los gobiernos democráticos, y como en el caso de España deben ser abordados de una forma definitiva para poder considerarse un país moderno en cuanto a la relación que pudiera existir entre la Administración y los ciudadanos. Es la mejor forma que tienen los ciudadanos de comprobar que su voluntad en el sufragio y en la confianza depositado en un equipo de administradores cumple sus expectativas a si como tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida agilizando los tramites que se lleven a cabo con la administración.

Es de destacar ejemplos de otros países en referencia a su legislación sobre el acceso a los documentos públicos. Uno de estos países que ha servido de referencia a otros tantos de su entorno es EE.UU. El país americano redactó en 1966  The Freedom of Information Act [8] que ha propiciado que se desarrolle de manera destacada la posibilidad que tienen los ciudadanos norteamericanos de acceso a la información de sus instituciones publicas, esto a hecho a su vez, mejorar la transparencia con la que se realizan los propósitos de los gestores políticos de cara a sus conciudadanos y evitar de mayor forma la corrupción y el nepotismo de estos.

La Ley de Información, aprobada en 1966 establece una política a favor de la divulgación. Cualquier ciudadano puede exigir un documento público. Las excepciones afectan a la seguridad nacional y la política exterior, las reglas y prácticas de los funcionarios federales, gran parte de los datos sobre censos, la información presentada ante los grandes jurados, las patentes, los expedientes penales individuales, los secretos comerciales, la comunicación interna entre organismos, los archivos médicos y de personal, la información utilizada para la reglamentación financiera, el anonimato de los confidentes, entre otros.

También destaca entre estos países que disponen de legislación sobre acceso a la información, Alemania. Tras su unificación en 1989 se procedió a la redacción de su Ley de Acceso a la Información entre los años 1998 y 1999 que ocasiono que toda la documentación que existía sobre cada uno de los habitantes de la antigua Republica Democrática Alemana y que durante años había creado el Ministerio para la Seguridad del Estado (Stasi) pudiera ser consultada por cuantos ciudadanos quisiesen, eso si preservando la intimidad de los datos personales. Estos datos solo pueden ser accesibles por el titular de esa documentación.

Henry H. Perryt, Jr. Y Zachary Rustad mencionan que la información generada por el sector público en si mismo será un vehículo para el desarrollo dado que el sector público es el único productor más grande de información en áreas como legislación, estadísticas, cultura, finanzas, geografía, transporte e investigación.[9]

Y nos les falta razón, el estado es uno de los mayores productores de información que existen en la actualidad, y por ello deben regularse los accesos a esta información, puesto que como la celebre frase dice “la información es poder” y este poder estaría representado en la posibilidad que podrían tener los ciudadanos de aumentar su capacidad de aprendizaje sobre el estado al que pertenecen, consiguiendo que esta información este de forma mas accesible, y por ello las administraciones deberán abandonar su habitual pasividad pues, una vez agotado el plazo para dictar resolución de 30 días, según el caso, sin que esta se haya producido, el solicitante tendrá 10 para confirmar su demanda. Si 30 días después de dicha confirmación sigue sin haber respuesta, la petición se considerará aceptada. Se aplica así el silencio positivo, en vez del negativo, como sucede hasta ahora.

Por último solo queda referirse al anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública como un paso mas  adelante sobre la transparencia que un estado democrático debe tener para el buen funcionamiento de sus administraciones públicas y su relación con los ciudadanos

En la imagen siguiente se puede comprobar algunos de los datos referentes al acceso a la información y a los tiempos de respuesta que tienen algunas administraciones públicas hacia sus ciudadanos.

Fuente: Diario Expansión

Por ultimo decir que las formas y los plazos del actual gobierno no son los adecuados, puesto como se puede leer aqui los ciudadanos tendran apenas 15 dias para poder presentar sus alegaciones y propuestas a este proyecto, algo cuanto mas, minimo. Y mas si se va con prisas para impresionar a los de fuera olvidandote lo que tienes dentro, puesto que el Gobierno tiene previsto presentar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno el 17 de abril en Brasilia, coincidiendo con la reunión del Open Government Partnership, iniciativa internacional de gobierno abierto a la que España se ha adherido, es decir, lo que ultimamente se esta generalizando, contentar a los de fuera y “pasar” de los de dentro.

En fin…


[1] Periódico Expansión 18 Octubre  2010, p. 34-35

[2] ANDERICA, Victoria. “El acceso a la información de la Administración Pública en España” [en línea]. El País Digital. 19 Abril 2010. Disponible: http://www.elpais.com/articulo/economia/acceso/informacion/Administracion/publica/Espana/elpepueco/20100419elpepueco_1/Tes

[3] “Zapatero se compromete a adoptar una ley de acceso a la información esta legislatura” [en línea]. ABC Madrid 8 Octubre 2008. Disponible: http://www.abc.es/20081008/nacional-nacional/zapatero-compromete-adoptar-acceso-20081008.html

[4] Periódico El Mundo 3 Mayo 2010, p.11

[7] FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. El derecho de acceso a los documentos administrativos. Madrid,Marcial Pons, 1997; pp. 25.

[8] The Freedom of Information Act 5 U.S.C. 552, As amended by Public Law Nº 104-231, 110 Stat.2048 [en línea]. FOIA Updates, 1996. http://www.usdoj.gov

[9] Perryt, Henry H. Jr. Y Rustad, Zachary. “Freedom of Information Spreads to Europe.” Government Information Quarterly, Vol. 17, No. 4, 2000, p. 403-17, en línea, junio 17, 2001

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