[Casi] Habemus nueva Ley de depósito legal

Más de 50 años han pasado desde la aprobación de la actual legislación española en materia de depósito legal. Concretamente un Decreto, el del 23 de diciembre de 1957, que complementan las Órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia de 30 de octubre de 1971 y de 20 de febrero de 1973.
 
Cierto que el origen del depósito legal en España  habría que buscarlo en las Regalías para las Reales Bibliotecas de El Escorial, de 1616, y de Madrid, de 1716. Con ellas nos situamos como el tercer país del mundo en tener lo que hoy llamamos depósito legal.
La ley del 57 significó una normativa  moderna, visionaria, novedosa y, ante todo, vanguardista. Tanto es así que cincuenta años nos ha durado. Cincuenta años que son más que demasiados para un mundo y una industria como la editora y hasta hoy, mal que bien, seguíamos funcionando con ella.
 
Pero el pasado viernes, día 11 de marzo, fue aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de la nueva Ley de Depósito Legal: Referencia 11de marzo de 2011. Consejo de Ministros. Pág. 7 (pdf). Lo venía anunciando ya tiempo atrás la Biblioteca Nacional de España en su blog.
 
Es un trabajo largamente esperado por la comunidad profesional y del que no se ha escrito precisamente poco. Algunos ejemplos:
Hubo incluso alguna tentativa de incorporar nuevo contenido a estas disposiciones legales, como fue el caso de la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que incluía un capítulo completo en materia de depósito legal pero que finalmente no fue incluido en ella.
 
Los problemas que se habían detectado ya en 1983, cuando comenzaran las primeras iniciativas que solicitaban una modernización de esta legislación, aludían principalmente al surgimiento de las nuevas tecnologías (hoy ya denominadas TICs -Tecnologías de Información y Comunicación) y a su impacto en el mundo editorial. Pero poco a poco surgieron más incongruencias.
 
En primer lugar, el Decreto debía cobrar rango de Ley, según los requisitos planteados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 
En segundo lugar, la legislación debe reflejar la nueva realidad de España que ha pasado de un Estado centralista al actual Estado de las Autonomías y, por tanto, su consecuente traspaso de competencias, también en materia de depósito legal.
 
Por otro lado, es indiscutible la transformación que se ha producido en la industria editorial. La comercialización de material susceptible de aplicación de las disposiciones en materia de depósito legal en formato intangible, las versiones digitales y electrónicas, la distribución on-line o el acceso remoto a contenidos son sólo unos ejemplos.
 
El mayor problema lo planteaba, precisamente, la ausencia del editor como sujeto depositante. Esta figura era interpretada hasta ahora por el impresor, pero en la actualidad no puede seguir manteniéndose este orden en la cadena: El impresor puede carecer de la obra completa cuando esta consta de más de un sólo soporte (es el caso, por ejemplo, de una obra que contiene un CD o un DVD), además cada vez es más frecuente la impresión de las obras fuera de territorio español. Otra problema es la frecuencia con la que, en las publicaciones periódicas, se cambia de impresor y esto entorpece su seguimiento y provoca lagunas en la continuidad de los fondos. También se da el que obras de nula relación con el patrimonio bibliográfico español hagan ingreso en las instituciones receptoras del D.L. sólo por haber sido impresas en España.
 
Habrá que esperar aún un poco para conocer exactamente el contenido final de esta nueva y prometedora Ley de depósito legal español, pero de momento se anticipan las siguientes novedades (Informe):
  • El papel del editor como actor o sujeto depositante.
  • La disminución del número de ejemplares a entregar en los centros depositarios (de cinco a dos en el caso del Estado).
  • Se delimita sustancialmente la tipología de publicaciones objeto de depósito legal, por ejemplo, las reimpresiones.
  • Atención al patrimonio digital: Serán objeto de depósito legal todas las publicaciones, producidas o editadas en España, por cualquier procedimiento de producción, edición o difusión, y distribuidas en cualquier soporte, tangible o intangible. Por otro lado, se exonera a los editores de sitios web del deber de depósito legal y se habilita a los centros de conservación, tanto de titularidad estatal como autonómica, a detectar y reproducir los sitios web libremente accesibles a través de redes de comunicaciones que resulten de interés para los fines del depósito legal, respetando en todo caso la legislación sobre protección de datos y propiedad intelectual

Modificación del 1 de abril de 2011: Proyecto de Ley de Depósito Legal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (pdf)

Modificación del 27 de julio de 2011: Aprobada la nueva Ley de Depósito Legal [Noticia de la BNE]

Modificación del 30 de julio de 2011: Texto de la nueva Ley de Depósito Legal publicado den el BOE (pdf)

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